Década contra la violencia
CMI 2006
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Libertad religiosa en Perú tiene aún rasgos de intolerancia, dice abogado Hugo Lévano, LIMA, Perú, Diciembre 9, 2004 El actual derecho de la religión en el Perú todavía mantiene rezagos del viejo derecho confesional estatal, que no ha seguido siempre y en todo lugar los derroteros de la modernidad democrático-liberal, afirma en su tesis de grado el abogado adventista Marco A. Huaco Palomino. El derecho de la religión peruano conserva principios políticos de confesionalidad asolapados. Esta situación plantea una nueva etapa en el desenvolvimiento histórico del principio y derecho de libertad religiosa: el tránsito hacia un régimen de plena igualdad religiosa en un contexto de relaciones Iglesia-Estado cooperativas, agrega Huaco. En la sustentación de su tesis de licenciatura sobre libertad religiosa, el 6 de diciembre en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Huaco expuso algunas de las ideas que presentó el 2002 en el debate del Congreso sobre la reforma constitucional relativa a las relaciones entre el Estado y la Iglesia. El jurado, compuesto entre otros por el constitucionalista César Landa Arroyo, otorgó a Huaco una calificación sobresaliente y recomendó la publicación de la tesis. Tras reseñar el período de intolerancia religiosa que prevaleció durante la colonia y los inicios de la República, anotó que la reforma protestante del siglo XVI marcó un paso histórico hacia la superación de la intolerancia, afianzada con la separación de la Iglesia y el Estado en la Constitución de Estados Unidos. En el Perú, dijo, la intolerancia religiosa estuvo vigente de manera legal hasta 1915, fecha en la que se reformó el artículo 4 de la Constitución y se permitió el ejercicio público de las religiones no católicas. Esto se suscitó a raíz del encarcelamiento del misionero protestante Francisco Penzotti y el asalto a la misión Adventista de Platería (Puno), casos que fueron aprovechados por liberales, masones, anarquistas, socialistas, protestantes y racionalistas para luchar contra el conservadurismo clerical de la época. Esa reforma de 1915 introdujo la tolerancia religiosa pero mantuvo la confesionalidad católica del Estado peruano, y la misma opción tuvieron las Constituciones de 1933 y 1979 al mantener una política privilegiada -de "protección" primero y de "cooperación" exclusiva después, hacia la Iglesia Católica. La definitiva consagración constitucional del derecho de libertad religiosa en el Perú ocurre en 1979 y fue impulsada por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la declaración sobre libertad religiosa del Concilio Vaticano II "Dignitatis Humanae". En esta declaración se insiste en la confesionalidad del Estado pero se admite que la libertad religiosa es una conquista que debe ser en todo momento reconocida por la legislación civil. En el Perú, anotó Huaco, eso dio lugar a la derogación de la institución del Patronato y a la posterior firma de un casi clandestino acuerdo concordatario con la Santa Sede, a través del cual se mantuvieron las antiguas prerrogativas eclesiásticas católicas. Ello dio lugar a una contradictoria situación entre una Constitución que aparentemente promueve la separación Iglesia-Estado pero un tratado internacional de jerarquía superior que contradice clamorosamente dicho principio. La libertad religiosa, indicó, incluye la libertad de tener o no tener creencias religiosas y de manifestarlas. La libertad de tener creencias religiosas incluye las libertades de adoptar, cambiar y abandonar las mismas. La libertad de manifestarlas incluye la libertad de culto, la libertad de difusión e información religiosas, libertad de formación, educación y enseñanza religiosas, libertad de reunión y asociación con fines religiosos y la libertad de conciencia religiosa. Las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión son libertades autónomas -y no reconducibles unas a las otras- aunque están íntimamente vinculadas, anotó el abogado. En el Perú, donde se debate una reforma de la Constitución, ésta debería incluir una cláusula más específica que consagre la laicidad o neutralidad del Estado ante todas las confesiones religiosas así como la derogatoria o denuncia del actual Acuerdo Concordatario con la Santa Sede. Sería pertinente, según Huaco, profundizar y desarrollar el derecho de libertad religiosa mediante la dación de una Ley de Asuntos Religiosos, vía ley orgánica o de desarrollo constitucional y las materias relacionadas al registro de entidades religiosas, derechos personales e institucionales. Asimismo se deberían definir el procedimiento y los requisitos para que se firmen Acuerdos de Cooperación entre el Estado y las diferentes Confesiones religiosas en plano de igualdad. (888/2004). |
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